Jupic / Puelche

El padre italiano Mario Bartollini Palombi –conocido como padre Bartolini en Perú, donde lleva 35 años como misionero–, fue absuelto en las últimas semanas del delito de rebelión y otros anexos, en una causa interpuesta por un diputado y una empresa deforestadora de una amplia extensión en la Amazonia peruana. La causa acusaba al sacerdote, religioso pasionista, y a otros líderes eclesiales y pobladores de la zona.

También fueron absueltos Eduardo Geovanni Acate Coronel, director de Radio Oriente,  Gorki Vásquez Silva, Adilia Tapullima Torres, Elías Sánchez Días, Javier Álava Floríndez, y Vladimiro Tapayuri Murayari, que fueron procesados por una serie de presuntos delitos, el más grave de rebelión.

El misionero pasionista fue absuelto de todos los cargos, reconociendo la sentencia su actividad misionera y que su actuación en la huelga que dio origen a la querella obedeció a los principios de la doctrina social de la Iglesia. La sentencia, en uno de sus fundamentos, sostiene que el padre Bartolini actuó cumpliendo su misión de religioso.

El padre Mario Bartollini Palombi, originario de la región italiana de Las Marcas, lleva 35 años como misionero en Perú. Desde su llegada ha realizado su trabajo en la selva peruana. Primero en el río Marañón, y luego en San Martín-Barranquita, jurisdicción eclesiástica del vicariato de Yurimaguas.

Un juicio “injusto”

El padre Mario y Geovanni Acate fueron absueltos de todos los delitos imputados. A los demás dirigentes les condenaron, por uno o más delitos,  a cuatro años de privación de libertad remitida, y al pago de 10.000 nuevos soles, unos 3.600 dólares.

Los imputados –señaló un sacerdote- “opinan que para ellos éste es el “premio” que da un gobierno injusto a los dirigentes o líderes que buscaron en todo momento la justicia, pero que seguirán en pie de lucha”.

.El procurador del Poder Judicial anunció a los medios que habría apelación a segunda instancia.

El obispo del Vicariato, José Luis Astigarraga, dijo que “el mensaje de todo este proceso es muy positivo para nuestros pueblos de la Amazonia. La toma de conciencia de nuestros pueblos es a defender los derechos y hacerlos respetar… La gente muestra su descontento por esa sentencia. No ha sido justa. Y eso significa que el problema como tal sigue pendiente. Nuestra Amazonia está siendo amenazada, y nuestros hermanos indígenas y ribereños igualmente”.

El padre Bartolini podría haber sido condenado hasta a once años de cárcel por los sucesos de Bagua. A mediados de 2009 se suscitaron en esa provincia amazónica una huega y un enfrentamiento con decenas de muertos, como consecuencia del decreto gubernamental que facilitaba las inversiones del grupo transnacional en la Amazonia.

Los acusados recurrieron en apelación la sentencia. Uno de los fundamentos es que no tuvieron abogado defensor desde el inicio del proceso.

Trayectoria testimonial

El padre Bartolini ha ejercido en Barranquita su misión pastoral entre los campesinos ribereños y algunas comunidades nativas. Le tocó vivir la etapa terrorista del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), en la década de los años 80 y 90, ya que una de las bases del grupo guerrillero estuvo en la zona.

Desde la radio, sus homilías y su presencia personal en aquellos pueblos dejaron profundos recuerdos en los habitantes de la zona. Combatió al MRTA, que llegó a amenazarle y conminarle a que abandonara el pueblo. Pero el misionero italiano se enfrentó a ellos directamente, y logró que el grupo guerrillero se fuera de la zona. Por eso la población lo apoyaba y defendía. Pasado ese periodo de violencia, se hizo mediador para apoyar a muchas familias afectadas por la violencia, y se logró una relativa paz en la comunidad. Hasta que el milenio trajo a la Amazonia nuevos conflictos: el problema de la posesión de la tierra.

Injusta adjudicación

Según relata el diario peruano La Nación, en San Martín, cerca de la frontera con Loreto, en  medio de extensiones de bosque nativo hay campesinos y aborígenes que fueron ignorados por injustas decisiones gubernamentales. De manera irregular, y sin los requisitos técnicos, le fueron adjudicadas al Grupo Romero -una transnacional con presencia en más de 20 países- tres mil hectáreas de bosque nativo al precio de 400.000 nuevos soles, unos 144.000 dólares.

Las irregularidades fueron expuestas en una acción administrativa de nulidad de resolución que hasta la fecha no se ha resuelto en el Ministerio de Agricultura de Perú.

Para el diario La Nación, tales disposiciones tienen claro motivo político porque, en primer lugar, “no se contó con un estudio de impacto ambiental sobre el bosque”. Este fue aprobado el año pasado, y también fue cuestionado, porque debió ser previo a la resolución ministerial, lo que “demuestra la ilegalidad de dicha resolución”, dice el periódico.

No se ha tenido en cuenta –agrega el diario- que los bosques nativos son patrimonio de la nación; en consecuencia, no podían ser enajenados con una simple resolución de Agricultura”.

La Iglesia en el diálogo

Ante la posibilidad de que los nativos y campesinos ribereños perdieran sus tierras, la Iglesia asumió un compromiso mediador, para acompañar a los que sufren las consecuencias de aquellas decisiones políticas. El sacerdote Bartolini, párroco de Barranquita, y la misionera de Jesús Lucero Guillén Cornejo, asumieron esta defensa, por lo que fueron perseguidos y amenazados con procesos judiciales, campañas de desprestigio y amenazas.

En 2007, cuando el Grupo Romero pretendió apoderarse de manera irregular de las tierras de Barranquita, la población organizada lo impidió, expulsando a algunos funcionarios del PETT SAN MARTIN (Programa Especial de Titulación de Tierras), que entraron en los bosques para demarcarlos y titular a favor del grupo empresarial.

La expulsión de los funcionarios fue fruto de una asamblea del pueblo y todas sus autoridades, entre las que se encontraban el alcalde, el párroco y la representante de la Mesa de Lucha contra la Pobreza, hermana Lucero Guillén. Todos ellos fueron acusados  de coacción y secuestro, ante el juzgado penal de Lamas, que los absolvió.

En 2009, el fiscal apeló ante la instancia superior, la que anuló la primera sentencia y la envió a otro juzgado, a pesar de observar que no existía prueba objetiva de la comisión de dichos delitos. El caso se derivó al Segundo Juzgado Liquidador de San Martín, donde fue declarado prescrito, por el tiempo transcurrido.

Posteriormente, los nativos solicitaron al padre Bartolini que los asistiera pastoralmente durante la huelga amazónica en defensa de su tierras, y en 2009, para garantizar la paz y la tranquilidad en la zona del Yurimaguas. El acompañamiento duró el tiempo de la huelga, lo que provocó la ira del actual gobierno y la de algunos parlamentarios, que denunciaron al misionero por el delito de “rebelión”, con el presunto objetivo de expulsarlo del país. El promotor de esta acción fue el congresista Aurelio Pastor, representante de San Martín.

(http://www.zenit.org)